La institución provincial aprueba una moción del PP, con el apoyo de Vox, para pedir al Gobierno que derogue la obligación de repercutir el 100% del coste del servicio de basuras a los vecinos.
La Diputación de Valladolid ha reclamado este jueves al Gobierno de España la suspensión de la tasa estatal de basuras impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, al considerar que vulnera la autonomía municipal y supone una carga económica “excesiva” para familias y pequeños negocios.
El Pleno provincial aprobó la propuesta presentada por el Grupo Popular, con el respaldo de Vox y el voto en contra del PSOE y TLP. El texto defiende que los ayuntamientos deben mantener la libertad de decidir cómo financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, sin que el Estado les imponga la obligación de repercutir el 100% del coste del servicio a los vecinos.
Durante el debate, los portavoces del PP insistieron en que esta medida estatal “recorta la capacidad de autogestión de los municipios” y dificulta la aplicación de bonificaciones sociales o tarifas adaptadas a la realidad de cada localidad. “Los consistorios son los que mejor conocen las necesidades de sus vecinos, y deben poder decidir sin imposiciones cómo sostener un servicio esencial”, defendieron.
La institución provincial acordó instar al Gobierno central a derogar la obligación de trasladar el coste íntegro a los ciudadanos y a sustituirla por un modelo flexible de financiación que respete la autonomía local. Este nuevo sistema permitiría combinar fondos propios con aportaciones mixtas y establecer bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos.
El acuerdo incluye también la promoción de incentivos al reciclaje y a la economía circular, así como la remisión de la propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la federación regional, con el objetivo de sumar apoyos entre otras diputaciones y entidades locales.
Con esta decisión, la Diputación de Valladolid se une a las voces críticas con la aplicación de la tasa estatal de basuras, que ha generado controversia en numerosos municipios al obligar a repercutir el coste total del servicio en los recibos de los ciudadanos. Desde la institución provincial insisten en que la norma “no solo penaliza a las familias, sino que limita la capacidad de los ayuntamientos para adaptar sus políticas a la realidad del territorio”.
ACUERDO PARA TERMINAR CON EL “CAOS FERROVIARIO”
El Pleno de la Diputación ha aprobado también la proposición presentada por el Grupo Provincial Vox, titulada ‘Por la resolución del caos ferroviario entre la provincia de Valladolid y Madrid’. En ella se denuncia la falta de respuesta y transparencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante los problemas que sufren diariamente los usuarios.
La iniciativa aprobada insta al Ministerio a adoptar las medidas necesarias para eliminar los retrasos y mejorar la calidad del servicio, así como a RENFE para que aumente el número de plazas disponibles en los trenes en horarios de mayor demanda, evitando que se agoten con hasta diez días de antelación de la salida de los trenes.
El acuerdo incluye también la solicitud de dimisión del ministro Óscar Puente, a quien el grupo proponente acusa de haber “convertido en crónica una situación que debía ser excepcional”.
MAYOR COMPROMISO CON EL PUEBLO SAHARAUI
Asimismo, el Pleno de la Diputación de Valladolid ha votado a favor de la proposición presentada por el Grupo Provincial TLP titulada ‘Por un mayor compromiso con el pueblo Saharaui’ en el que se ha acordado reforzar el compromiso con el pueblo saharaui exigiendo al Gobierno de España que adopte una política exterior coherente con las resoluciones de las Naciones Unidas. Además, se ha mostrado el apoyo a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que pretende reconocer la nacionalidad española a aquellas personas nacidas antes de 1996 en el Sahara Occidental bajo la soberanía de la administración española. Asimismo, se enviarán estos acuerdos al Gobierno de España, a la Delegación Saharaui para España y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.
Por otra parte, dentro de este acuerdo, se ha aprobado incrementar la partida presupuestaria destinada a subvencionar a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui para financiar el Programa Vacaciones en Paz con el fin de que se amplíe el número de familias de acogida, y por lo tanto de menores beneficiados.
OTROS ASUNTOS
En el pleno de la Diputación también se han aprobado diversas medidas destinadas a mejorar los servicios e infraestructuras municipales en toda la provincia. Entre ellas, destaca la resolución de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores dentro del programa de Reto Demográfico 2025, con un presupuesto total de 550.000 euros, que permitirá financiar 51 proyectos orientados a promover la dinamización económica y social del medio rural mediante iniciativas generadoras de empleo y riqueza.
Asimismo, se ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe total de 101.787,19 euros dirigidas a 19 municipios de la provincia para financiar obras de bajo coste económico que garanticen el abastecimiento de agua ante situaciones sobrevenidas.
El Pleno también ha acordado un incremento de 200.000 euros en la línea de ayudas destinadas a la reparación, conservación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural. Con esta ampliación del presupuesto inicial, la inversión total en el ejercicio actual alcanza los 600.000 euros, con el objetivo de mejorar las condiciones de los centros escolares.
Igualmente, se ha resuelto la convocatoria de subvenciones por 240.000 euros destinadas a 67 Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de menos de 20.000 habitantes para financiar obras y equipamientos en locales municipales destinados a personas mayores.
También se ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones por 325.000 euros para mejorar la accesibilidad en edificios municipales que prestan servicios de atención a la ciudadanía. En total, se beneficiarán 35 Ayuntamientos y 2 Entidades Locales Menores de menos de 20.000 habitantes.
Finalmente, el Pleno ha dado luz verde a una reorganización de los Centros de Acción Social (CEAS) con el objetivo de equilibrar la distribución de población, territorio y cercanía a los servicios sanitarios. El nuevo mapa, que entrará en vigor en 2026, mantiene 13 CEAS para los 221 municipios menores de 20.000 habitantes, tras la salida de Arroyo de la Encomienda, que contará con su propio centro. Con esta nueva distribución, se busca garantizar una atención más equitativa y coordinada, especialmente en las zonas rurales con población envejecida, reforzando así la red provincial de servicios sociales.
