El pleno de Zaratán insta al Gobierno Central a «derogar la implantación obligatoria de la tasa de basuras»

La moción presentada busca el reconocimiento de «la libertad de los ayuntamientos a establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales aliviemos la carga fiscal de los ciudadanos en la gestión de residuos, como se venía haciendo hasta ahora» y propone una serie de medidas entre las que se encuentra un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular

Tras la aprobación en abril de 2022 de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía sostenible, los ayuntamientos de los distintos municipios han venido haciendo distintas alegaciones al respecto, no estando de acuerdo con lo dispuesto en esta normativa. En este sentido, el ayuntamiento de Zaratán se ha sumado a estas protestas, y en el pleno celebrado este pasado lunes el grupo Popular presentó una moción por la que instan al Gobierno de España a «derogar la obligatoriedad de implantación de la tasa de residuos».

El texto -aprobado por nueve votos a favor de PP y VOX y cuatro abstenciones de PSOE- manifiesta el «profundo rechazo» hacia esta medida, ya que consideran que se trata de «un nuevo ataque a los bolsillos de los ciudadanos», quien según marcan los preceptos tendrá que asumir los costes íntegros de la gestión de residuos, a diferencia de como se venía haciendo hasta ahora, ya que eran las entidades locales quienes se encargaban de «aliviar esta carga».

Asimismo, califican dicha ley como «ataque» contra la autonomía municipal, al impedir que los consistorios «hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin considerar el tamaño, población, recursos económicos o situación financiera de cada municipio», y señalan es «una clara invasión de las competencias locales, impidiendo que se alivien este tipo de cargas a los vecinos con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal».

Manifiestas que las implicaciones de esta medida son numerosas y su aplicación está ocasionando una «gran incertidumbre e inseguridad jurídica» por la «indefinición y falta de rigor técnico en la redacción de la Ley, sin un texto normativo claro y detallado, de tal forma que cada ayuntamiento hará diferentes interpretaciones, generando así un caos tributario». Además, «esta nueva tasa impuesta por el el Gobierno de Sánchez desincentiva el cumplimiento de los objetivos de la economía circular, al verse obligados los municipios a repercutir el coste íntegro de las nuevas inversiones al vecino, y supondrá un paso atrás en la implicación de todos los actores en el ciclo de la economía circular, conllevando un menoscabo para el fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana en la consecución del objetivo común».

Por ello, la moción presentada en el pleno busca que el Gobierno Central «respete la autonomía municipal y reconozca la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos y alivien las cargas fiscales de los vecinos en materia de residuos, como se venía haciendo hasta ahora»; urgen además a «derogar la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos en todos los municipios por el 100% del coste», y proponen soluciones como un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular que «apoye la creación de las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos», un estudio del impacto pormenorizados «que permita definir el coste por servicio» y la contribución para «sufragar las campañas de comunicación de los ayuntamientos dirigidas a incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la separación de residuos y el reciclaje para la consecución de los objetivos comunitarios en materia de residuos».

Otras medidas

Asimismo, en la misma línea relacionada con los residuos, aprobaron -esta vez por unanimidad- la ordenanza reguladora del Punto Limpio de Zaratán para «adaptarlo a lo previsto en las leyes y adecuándolo a la realidad social, con la finalidad de atender la demanda ciudadana y mejorar el medio ambiente del municipio, evitando la aparición de vertidos no controlados».

De la misma manera, el pleno también ha puesto sobre la mesa un Convenio Específico de Colaboración con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL) para la promoción de viviendas protegidas. Nuevamente, la propuesta ha salido adelante con 9 votos a favor (PP y VOX) y 4 abstenciones (PSOE).